La disputa entre privados por un predio de 165 hectáreas en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, donde se instaló un albergue para perros y gatos abandonados, evidenció el maltrato que miles de seres sintientes viven por la falta de atención, espacios dignos y recursos económicos que hay en los refugios de animales, los cuales operan sin supervisión; ahora, se regularán por el Gobierno de la Ciudad de México.
El caso de desalojo del Refugio Franciscano A.C., iniciado en 2020, el cual se agudizó en diciembre de 2025 y detonó este miércoles con la intervención de la administración capitalina para quedarse con 936 lomitos y michis, destapó el delito de maltrato animal, que se consignará y ahora los responsables enfrentarán a la ley, advirtieron la mandataria local, Clara Brugada, y las autoridades de seguridad y justicia.
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A pesar del retraso de más de 4 semanas para entrar en ayuda de los perros y gatos que estaban en el lugar, en medio de la disputa jurídica entre el Refugio Franciscano y la Fundación “Antonio Haghenbeck” IAP, la jefa de Gobierno anunció que luego de realizar las investigaciones pertinentes con médicos veterinarios, comprobaron los múltiples daños y lesiones que tenían los animales de compañía.
Brugada advirtió que su gestión respetará la determinación judicial sobre la propiedad del inmueble, pero “la prioridad es garantizar el bienestar de los animales”.
Consideró que los refugios en muchas ocasiones quedan rebasados en su capacidad y no pueden atender a los perros y gatos adecuadamente; por lo tanto, ahora se regularán, porque deben ser santuarios.
La titular de la Fiscalía General de Justicia, Bertha Alcalde Luján, dijo que en un conteo preliminar hay 936 animales, de los cuales, 798 tienen afectaciones compatibles con maltrato o crueldad.
Detallaron que 759 son perros y 39 gatos; 20 estaban hospitalizados por la gravedad de su salud y 21 más habían fallecido.
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Dijo que ahora se atenderán en espacios de la Secretaría de Medio Ambiente en la alcaldía Tlalpan; quienes estén enfermos, los llevarán al Hospital Veterinario y a clínicas del Gobierno de la ciudad y privadas.
Los integrantes del Refugio Franciscano denunciaron que el Gobierno capitalino violentó una suspensión de un juez; mientras que los de la Fundación “Antonio Haghenbeck” IAP, aseguraron que reconocían la labor de Clara Brugada por atender este caso del maltrato animal que se expuso y compró mediante denuncias.
