La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Suprema Corte en la adquisición de nueve camionetas por cuestiones de seguridad, se ahorraron mil millones de pesos.
En tanto, la Jefa del Ejecutivo Federal informó que había un contrato de renta de vehículos, y decidieron sustituirlo por la compra, y ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso.
“Obviamente, la Corte tiene que informar y todo el comité de administración tiene que informar sobre esta adquisición”, reiteró.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destacó que los nueve ministros estrenaron camionetas, debido a que el parque vehicular existente ya no contaba con las condiciones de seguridad.
En un comunicado, la SCJN manifestó que “con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional, se tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades“.
El Alto Tribunal resaltó que la “determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación”.
“La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales”, dijo el Alto Tribunal.
La renovación se realizó en estricto apego a la normatividad
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reportó que dicha renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad.
“Con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido. Con ello, la SCJN reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional”.
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