Cuando Keiko Fujimori asuma la presidencia el próximo 28 de julio no solo comenzará un nuevo gobierno en Perú, también volverá al poder un apellido que desde hace tres décadas despierta adhesiones y rechazos casi por igual.
Hija del expresidente Alberto Fujimori y nieta de inmigrantes japoneses, la conservadora de 51 años gobernará hasta 2031 un país dividido, azotado por el crimen y con crónica inestabilidad institucional.
Venció al izquierdista Roberto Sánchez con 50.13% de los votos frente a 49.86%, menos de 50 mil sufragios de diferencia que pusieron fin a tres derrotas consecutivas (2011, 2016 y 2021) y devolvieron al fujimorismo el Palacio de Gobierno tras más de dos décadas.
Aunque suele identificársele como “japonesa”, Keiko nació en Lima en 1975 y pertenece a la comunidad nikkei, los descendientes de emigrantes japoneses. Sus abuelos paternos, Kintaro Fujimori y Mutsue Inomoto, llegaron desde Kawachi, en la prefectura de Kumamoto, a inicios del siglo XX, parte de la diáspora que desde 1899 hizo de Perú uno de sus principales destinos en América. Su madre, Susana Higuchi, también descendía de japoneses. Su padre fue en 1990 el primer presidente peruano de ascendencia nipona.
La herencia de Alberto
Para sus simpatizantes, Alberto Fujimori (1990-2000) rescató al país de la hiperinflación y derrotó a las guerrillas que desangraron a Perú en los años ochenta y noventa: Sendero Luminoso, grupo maoísta que buscaba imponer por las armas un régimen comunista, y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), de inspiración guevarista.
En contraste, sus detractores recuerdan el autogolpe de 1992 y sus condenas por corrupción y crímenes de lesa humanidad. Murió en 2024 y su figura aún divide a los peruanos. Keiko creció bajo esa sombra: fue primera dama a los 19 años tras el divorcio de sus padres, encabezó el partido Fuerza Popular y pasó más de un año en prisión preventiva por el caso Odebrecht. El apellido la impulsó y, a la vez, la limitó.
La campaña estuvo dominada por el crimen organizado: en 2025 se registraron 26 mil 500 denuncias por extorsión, nueve veces más que cinco años atrás. Fujimori promete “mano dura”: militarizar calles y cárceles, y expulsar a los migrantes indocumentados.
La propuesta llama la atención en una dirigente descendiente de inmigrantes, pero su discurso distingue entre la migración histórica que se integró al país y la irregular, que asocia con la criminalidad, señalamiento dirigido sobre todo a parte de los 1.6 millones de venezolanos. También busca estrechar lazos con Estados Unidos y atraer inversión privada.
Gobernar un país fragmentado
Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016 y el Congreso conserva amplias facultades para destituir al Ejecutivo, donde Fuerza Popular carece de mayoría propia. La economía creció 3.4% en 2025 con la inflación más baja de América Latina, pero la pobreza alcanza a 27% de la población y siete de cada diez trabajadores son informales. Sánchez impugnó el resultado ante la CIDH sin aportar pruebas. Fujimori ofrece “reconciliación y unidad”; su desafío será demostrar si el apellido que marcó la historia reciente de Perú puede escribir un capítulo distinto.
