El abuso y la explotación sexual infantil ya no ocurren solo en las calles; hoy también se facilitan a través de redes sociales, mensajería y videojuegos en línea, reveló el estudio global Disrupting Harm (Interrumpiendo el Daño), edición México 2026, realizado por la UNICEF en alianza estratégica con Interpol y la organización ECPAT Internacional.
En entrevista con 24 HORAS, José Antonio Ruiz, oficial de 1.3 millones de menores han sufrido violencia sexual digital, detalló los hallazgos de la investigación desarrollada entre 2024 y 2025, y advirtió que la responsabilidad no puede recaer en los menores.
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De acuerdo con Ruiz el estudio arrojó que en México hasta el 13% de las niñas, niños y adolescentes han sido sujetos de alguna forma de abuso, violencia o explotación sexual facilitada por la tecnología en el último año.
“Pareciera un porcentaje pequeño, pero cuando lo traducimos al volumen poblacional de México, donde la infancia representa cerca del 40% del total, estamos hablando de que puede alcanzar hasta 1.3 millones de menores afectados”.
Ante señaló que solo el 1% de quienes la sufrieron denunciaron, “las razones son multifactoriales: la vergüenza, el no reconocer la gravedad del hecho debido a la normalización o simplemente no saber a dónde acudir”.
El estudio rompe un gran mito, ya que solemos pensar que el peligro en internet proviene de un perfil falso o un extraño absoluto. Sin embargo, el 64% de las víctimas mencionó que el agresor era alguien conocido.
“Al desagregar ese porcentaje, encontramos que en los primeros lugares están los amigos, seguido de novios y, en tercer lugar, familiares. En ese círculo cercano es donde se encuentran los principales agresores”.
La investigación se enfoca en adolescentes de entre 12 y 17 años, donde se reveló que a menor edad, los incidentes son menos frecuentes, conforme se acercan a la adolescencia, la exposición y los casos aumentan.
Respecto a los canales, las víctimas identifican dos vías principales: redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp. No obstante, la investigación complementaria arrojó una tendencia emergente preocupante: la explotación se está facilitando a través de interacciones en videojuegos en línea con chats activos, como Roblox, FIFA y Minecraft.
Las manifestaciones más comunes que se detectaron fueron la recepción de imágenes sexuales no solicitadas (cyberflashing); extorsión sexual (amenazas de difundir contenidos íntimos); producción y amenaza de distribución de imágenes modificadas con IA; ofrecimiento de bienes económicos o materiales a cambio de material íntimo o encuentros físicos.
Ante ello, las afectaciones que registran los sobrevivientes son reales y tangibles, “la evidencia médica y psicológica del estudio demuestra que las víctimas de violencia digital presentan un 15% más de probabilidades de autolesionarse y hasta un 12% más de riesgo de desarrollar ideación suicida. A esto se le suma ansiedad generalizada, trastornos alimenticios, alteraciones severas del sueño y baja autoestima. El daño emocional es devastador”.
Además preocupa que las víctimas que intentaron buscar ayuda se enfrentaron a retos sistémicos. Primero, la revictimización y la profunda falta de sensibilidad y capacitación de los funcionarios.
Avances regulatorios
Pese a que hay avances regulatorios importantes, las nuevas tendencias tecnológicas avanzan más rápido que las leyes y hay brechas críticas en el marco legal federal.
El Código Penal castiga la posesión, venta o intercambio de material de abuso sexual infantil, pero la visualización pasiva (por ejemplo, el contenido que aparece de manera imprevista haciendo scroll en redes sociales) no está tipificada.
Respecto a las transmisiones en vivo (live streaming): La ley contempla la producción de videos o fotografías fijas, pero la transmisión en tiempo real de actos de abuso —como salas privadas de Zoom mediante pago— carece de una tipificación clara dentro de los delitos de corrupción de menores o explotación.
Aunque el ámbito federal tenga buenas herramientas, los códigos penales de los estados no están homologados. El nivel de protección de un niño no puede depender de la entidad federativa en la que resida.
Por ello, Ruiz destacó que en la presentación del estudio participó la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, que es el eje de coordinación intergubernamental, así como mandos de la Guardia Nacional, la Policía Cibernética y representantes de los poderes Judicial y Legislativo.
“Sabemos que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho referencia en sus espacios públicos a la necesidad urgente de abrir mesas de discusión para blindar el espacio digital para los menores. Desde Unicef le tomamos la palabra. Estamos listos para sumarnos a la convocatoria del Gobierno Federal aportando la evidencia técnica”.
“Proponemos una mesa de diálogo nacional amplia basada en tres ejes estratégicos: sustentar las decisiones en la evidencia existente, evaluar que ninguna política pública vulnere de forma colateral otros derechos de la niñez, y —fundamental— garantizar la participación activa de los propios niños, niñas y adolescentes. Ellos habitan el entorno digital, conocen dinámicas y lenguajes que los adultos ignoramos; no podemos legislar sobre su entorno sin escuchar su voz”.
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Por ello, señaló que el llamado principal que hace UNICEF México es entender que no podemos volcar la responsabilidad de la seguridad digital exclusivamente en los niños. Decirles que “ellos se cuiden solos” o que “no abran ciertos enlaces” es dejarlos en la desprotección.
“Si las plataformas tecnológicas no asumen su responsabilidad de integrar la seguridad infantil desde el diseño de su software, quedamos en falta. Si las fiscalías y policías no se capacitan para recibir denuncias sin revictimizar, quedamos en falta. Y si como padres o maestros no generamos canales de comunicación basados en la confianza para que un menor se atreva a pedir ayuda sin miedo a ser castigado o despojado de sus dispositivos, el sistema fracasa. La protección de la infancia en internet es una tarea colectiva y urgente del mundo adulto”.
