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Iniciativa para frenar la revictimización de mujeres

Con el propósito de salvaguardar la dignidad y privacidad de las mujeres, así como garantizar un acceso efectivo a la justicia libre de agresiones institucionales, el diputado Alejandro Carbajal González propuso reformar el Código Penal capitalino en materia de violencia familiar.

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Durante la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, el legislador precisó que su iniciativa busca evitar la revictimización durante las investigaciones.

Para ello, propone sustituir el concepto de “relación sexoafectiva” por términos más claros y protectores como “relación de pareja, de noviazgo o afectiva de hecho”.

El coordinador de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT) señaló que es fundamental eliminar la exigencia legal de que las mujeres comprueben el carácter íntimo o sexual del vínculo mediante pruebas invasivas.

“Una mujer que acude ante el Ministerio Público después de sufrir violencia física, psicoemocional, patrimonial o económica no debería ser obligada a exhibir aspectos de su vida sexual para acreditar que existe una relación. La intimidad no puede convertirse en una prueba de admisión para acceder a la justicia”, puntualizó desde la tribuna de Donceles.

El representante popular aclaró que esta reforma no busca generar impunidad ni relajar los estándares del proceso penal, ya que la obligación de probar los hechos permanece intacta.

Explicó que el Ministerio Público podrá valorar comunicaciones, fotografías, testimonios de contexto y otros indicios legales sin someter a la denunciante a una inspección injustificada de su vida privada.

“Una mujer que denuncia violencia necesita protección, no sospecha; necesita acompañamiento, no humillación; necesita justicia, no una nueva agresión institucional. Debemos construir una ciudad en la que la justicia escuche sin invadir, investigue sin prejuzgar y proteja sin revictimizar”, subrayó.

De acuerdo con la propuesta, la actual redacción del Artículo 200, Fracción III del Código Penal local supedita la configuración del delito a una relación de “carácter íntimo o sexual”, lo que en la práctica judicial representa un obstáculo técnico y probatorio desproporcionado.

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Tras la intervención del congresista, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictaminación, para luego ser llevada al Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

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