El condominio de lujo Punta Paraíso, construido de manera ilegal a la orilla de la playa La Pakaya en la comunidad de San Francisco (San Pancho), Nayarit, comenzó a colapsar por los efectos de la temporada de huracanes en el estado.
Protección Civil del municipio de Bahía de Banderas había informado que bajo el edificio se abrió un socavón de aproximadamente cuatro metros y que las dos torres principales del inmueble se inclinaron hacia el mar, por lo que fueron desalojadas las 13 personas de origen extranjero que lo habitaban y posteriormente fue clausurado.
Desalojo y exigencia de demolición
Apenas dos semanas antes de que iniciara el colapso, un tribunal federal confirmó que dos de sus tres torres habitacionales fueron construidas ilegalmente sobre terrenos ganados al mar, por lo que debían demolerse.
Por su parte, el alcalde Héctor Santana pidió el miércoles 21 de octubre a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que demolieran las torres cuanto antes, y aclaró que la intervención jurídica no le correspondía al municipio.
Aunque todavía no hay una fecha definida para la demolición, el grupo de propietarios extranjeros busca defender su inversión, mientras que la empresa inmobiliaria encargada del desarrollo desapareció del mapa público.
Desarrollo con inconsistencias legales
El desarrollo inmobiliario Punta Paraíso consta de 44 unidades habitacionales repartidas en tres edificios, cuyo valor de mercado es de aproximadamente 630 mil dólares cada vivienda.
Fue impulsado por el empresario mexicano Carlos Lemus Mateos, quien de acuerdo con el Registro Público del Comercio se asoció con el inversionista canadiense Francis Bast, por medio de la empresa Pacific Lifestyle Properties, fundada en Puerto Vallarta, Jalisco.
Sin embargo, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presenta graves incongruencias, pues mientras la licencia de uso de suelo es DDUE/LICUSO/0001/2017, la fecha de expedición asignada es el 3 de enero del 2007, es decir, 10 años antes.
La oficina de Desarrollo Territorial y Urbano en Bahía de Banderas afirmó que la empresa ya no existe, lo que impide saber con exactitud cómo se cumplirán las condiciones que el juez responsable del caso impuso en la sentencia.
En tanto, los vecinos se declararon en quiebra y solicitaron que sea el gobierno federal quien demuela la construcción ante la falta de cumplimiento por parte de la compañía desarrolladora.
