El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que prevé ajustar los salarios de consejeros y altos mandos a partir de 2027 para que no rebasen la remuneración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en cumplimiento del marco legal aplicable a las autoridades electorales. La medida formará parte del presupuesto que se prepara para ese año, en un contexto de presión financiera y revisión interna por demandas laborales.
El anuncio se dio después de una reunión de más de tres horas y media entre integrantes del Consejo General y representantes de trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana, que habían detenido actividades como parte de su protesta. Tras el encuentro, el organismo acordó reabrir todos los módulos a partir de este martes 10 de noviembre y revisar las peticiones planteadas por el personal.
Qué pidió el personal y qué ofreció el INE
De acuerdo con lo expuesto por la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, el límite salarial ya está previsto en la normatividad vigente y deberá aplicarse en los distintos niveles de conducción del instituto. En paralelo, los consejeros plantearon un incremento salarial mínimo de 6 por ciento para los trabajadores, aunque dejaron abierta la posibilidad de revisar si existen condiciones presupuestales para mejorar esa propuesta.
La definición final dependerá de la suficiencia de recursos, especialmente porque el INE anticipa una reducción presupuestal para el próximo ejercicio fiscal. Además del tema salarial, la presidencia del organismo ofreció revisar de inmediato el estado de los inmuebles, las necesidades de mantenimiento, la infraestructura y diversas prestaciones solicitadas por el personal.
Entre las medidas que podrían atenderse sin trámites mayores, se mencionaron el respeto a los 30 minutos destinados a la comida, la facilitación de permisos y la revisión de la distribución de los días de descanso. También se comprometió a no iniciar procedimientos administrativos contra quienes participaron en la suspensión de labores, con el objetivo de evitar represalias.
Impacto en la atención ciudadana
La protesta tuvo efectos directos en el servicio al público. Según datos presentados por la consejera Carla Humphrey, de los 841 módulos que el INE opera en el país, 544 permanecieron cerrados durante este lunes, es decir, 64.7 por ciento del total. En operación siguieron 297, equivalentes a 35.3 por ciento.
Baja California Sur, Nuevo León y Tlaxcala fueron las únicas entidades sin módulos funcionando, mientras que Yucatán, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Tamaulipas y Querétaro concentraron el mayor número de oficinas abiertas. La reapertura anunciada busca normalizar la atención ciudadana y reducir la afectación a trámites y servicios electorales.
Fondo de conflicto interno y revisión de contratos
La reunión también se realizó en medio de cuestionamientos internos por presuntos actos de corrupción y posibles conflictos de interés ligados a la asignación de contratos durante la gestión de la anterior consejera presidenta, Guadalupe Taddei. Humphrey dijo que estos señalamientos han generado inconformidad dentro del instituto.
Por su parte, los consejeros Arturo Chávez y Arturo Castillo explicaron que la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República busca que se investigue todo el periodo que esté dentro del ámbito legal de competencia, sin limitar las indagatorias a una sola administración o persona.
Con estos acuerdos, el INE intenta contener el conflicto laboral, recuperar la operación de sus módulos y avanzar en la discusión de su presupuesto para 2027, mientras enfrenta exigencias de transparencia sobre el manejo de sus recursos.
