La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las empresas de telefonía podrán conservar durante 24 meses ciertos datos vinculados con las comunicaciones de sus usuarios y, en determinados casos, colaborar con autoridades en la localización de dispositivos móviles, siempre bajo controles legales y judiciales.
La decisión se tomó al revisar varios párrafos del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en 2025. Con esa resolución, el máximo tribunal consideró constitucional el esquema de conservación de información y su uso para fines de seguridad pública y procuración de justicia, siempre que se respeten los límites previstos por la norma.
Qué información debe conservarse
De acuerdo con la sentencia, las compañías deberán resguardar datos como los números telefónicos relacionados con una comunicación, así como la fecha, hora, duración de las llamadas y datos asociados con la ubicación de los dispositivos. El periodo de almacenamiento se divide en dos etapas: durante los primeros 12 meses, los registros deberán estar disponibles para consulta inmediata, y en el año restante permanecerán en almacenamiento electrónico.
La Corte también precisó el alcance de la geolocalización. Según la ministra ponente, María Estela Ríos González, esta herramienta permite ubicar de forma aproximada un teléfono móvil, pero no implica por sí misma el acceso al contenido de llamadas, mensajes o conversaciones privadas.
Acceso condicionado a autorización judicial
Uno de los puntos centrales del fallo es que, como regla general, las autoridades necesitarán una autorización judicial previa para consultar los registros o solicitar la geolocalización en tiempo real. No obstante, la legislación contempla supuestos de urgencia, como aquellos en los que esté en riesgo la vida de una persona, en los que el acceso podrá realizarse bajo un esquema de revisión judicial posterior.
La Corte sostuvo que estas herramientas pueden ser útiles para tareas vinculadas con la seguridad y la investigación de delitos, pero subrayó que su aplicación debe ocurrir dentro de los márgenes establecidos por la ley. En ese sentido, la resolución mantiene vigentes las obligaciones de conservación de datos y colaboración por parte de las empresas de telecomunicaciones.
Impugnación por derechos fundamentales
El caso llegó al tribunal constitucional a partir de un amparo promovido por una ciudadana, quien argumentó que estas disposiciones afectaban su derecho a la privacidad, la protección de datos personales y las libertades de expresión y asociación. Sin embargo, la SCJN negó la protección solicitada y dejó firmes los apartados cuestionados.
Durante la discusión, algunos ministros plantearon diferencias sobre la metodología del proyecto y sobre la necesidad de precisar el alcance de los controles judiciales también previstos en el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aun así, la mayoría respaldó la constitucionalidad de las medidas.
Con esta resolución, la Corte ratifica que la conservación de datos telefónicos seguirá siendo posible en México, aunque su consulta y uso deberán sujetarse a los requisitos legales y a la supervisión judicial correspondiente.


