El gobierno de Estados Unidos revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en lo que fuentes diplomáticas describen como una ampliación de la estrategia de presión del presidente Donald Trump contra los cárteles del narcotráfico y sus presuntos vínculos con actores políticos en México.
Aunque solo cuatro políticos han reconocido públicamente la revocación de su visa, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, funcionaria que negó rotundamente tener nexos con el crimen organizado, dejando ver que las medidas son mucho más extensas de lo que se había reportado hasta ahora.
“La administración Trump está encontrando nuevas formas de ejercer más presión sobre México”, dijo Tony Wayne, exembajador estadounidense en México, al señalar que el uso de la política de visas como herramienta diplomática no tiene precedentes en esta magnitud.
Las cancelaciones se enmarcan en la ofensiva de Washington contra las redes criminales mexicanas y sus presuntos nexos políticos, en medio de tensiones bilaterales por temas de seguridad y cooperación antinarcóticos.
De acuerdo con la información presentada, algunos funcionarios estadounidenses explicaron ala agencia que la revocación de una visa no requiere justificación pública y puede efectuarse en cualquier momento por motivos de “seguridad nacional” o “actividades contrarias al interés de Estados Unidos”, como narcotráfico, corrupción o espionaje.
Asimismo, Reuters informó que un alto funcionario del Departamento de Estado (cuya identidad no fue revelada) confirmó que las visas “pueden ser revocadas en cualquier momento”, y agregó que la medida forma parte de los esfuerzos para “proteger los intereses nacionales” ante la creciente influencia del crimen organizado en la región.
Sheinbaum afirma que no tiene datos precisos sobre la cantidad total de visas revocadas
El día de hoy en conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó no tener información oficial sobre las cancelaciones y explicó que Estados Unidos no suele notificar al gobierno mexicano sobre estos procedimientos, ya que se consideran asuntos personales vinculados a individuos específicos.
Sin embargo, en el entorno político mexicano, la decisión ha generado inquietud y malestar entre funcionarios y legisladores, particularmente en Morena, donde varios integrantes reconocieron haber sido advertidos de posibles restricciones migratorias.
El reporte también señala que la administración Trump ha extendido esta política a otros países de América Latina, afectando a funcionarios en Colombia, Brasil y Costa Rica, lo que refleja una tendencia regional de endurecimiento diplomático.
El exembajador Christopher Landau, quien se ha referido a sí mismo en redes sociales como “El Quitavisas”, habría impulsado esta línea de acción, consistente en retirar privilegios migratorios a figuras consideradas “enemigas ideológicas o de seguridad” de Washington.
En México, la medida amenaza con tensar la relación bilateral en un momento clave denegociaciones comerciales y de cooperación en seguridad, en las que Sheinbaum ha buscado mantener un equilibrio entre colaboración y soberanía nacional.
