Con la entrada en vigencia del Plan B electoral, cuya declaratoria de validez se prevé este miércoles, el contrato vigente del Instituto Nacional Electoral (INE) con Seguros Atlas por Gastos Médicos Mayores entrará en vilo y se confrontará directamente con la prohibición constitucional de este tipo de servicios con recursos públicos.
El llamado Plan B estableció en la Constitución la prohibición a los organismos electorales de contratar con dinero público seguros de gastos médicos privados, que para el INE representan 335 millones de pesos entre 2026 y 2027.
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La reforma al artículo 134 Constitucional indica que los organismos electorales “no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizado, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones no previstas en la ley”.
Debido a que no hubo artículos transitorios que dieran directriz sobre qué pasaría con ese tipo de instrumentos que estuvieran vigentes al momento de entrada en vigor de los cambios, el contrato del INE será violatorio de las nuevas reglas de inmediato.
El cuarto transitorio de la reforma indica que “el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas revisarán y adecuarán sus disposiciones normativas, administrativas y presupuestarias para garantizar el cumplimiento de lo previsto en este decreto”.
Seguro de Gastos Médicos Mayores
Respecto a los detalles del Seguro de Gastos Médicos Mayores del INE, se trata de un
contrato abierto, en el que en 2025 se invirtieron hasta 136.5 millones de pesos, mientras
que este año se destinan 155.3 millones de pesos y en 2027 se prevén 179.9 millones de
pesos; es decir, 335.2 millones de pesos a ejercer entre este año y el siguiente.
Información obtenida por 24 HORAS indica que existe una cláusula en la que el INE puede cancelar el contrato, ya sea por falta de presupuesto o por otro tipo de cuestiones legales, como la entrada en vigor del Plan B, lo que lo blindaría de cualquier perjuicio en su contra.
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“La erogación del recurso para los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027 estará sujeto a la disponibilidad presupuestal que apruebe la Cámara de Diputados y el presupuesto que apruebe el Consejo General del Instituto, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes, cualquier pacto en contrario se considerará nulo”, indica el fallo de la licitación.
Este año existe la suficiencia presupuestal para el pago del seguro, por lo que su cancelación, en caso de darse, sería por la entrada en vigor del Plan B.
Respecto a otros de los efectos, con el Plan B al menos 3 mil funcionarios del INE y mil 442 cónyuges, que entran en la cobertura del seguro médico, se quedarán sin ese beneficio en algún momento, ya que, a partir de la vigencia de la reforma electoral, que se prevé se concrete esta semana, sería violatorio de la Constitución.
“Los Gastos Médicos Mayores es una cobertura integrada dentro del manual vigente de percepciones del Instituto, con cobertura para el Personal de Mando Medio, Superior y Homólogos y sus dependientes económicos, de acuerdo con el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos y el Manual de Remuneraciones, ante cualquier evento súbito e imprevisto que afecte su salud e integridad física”, justifica el INE sobre ese beneficio.
