El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició un procedimiento especial sancionador contra el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, por la difusión de propaganda vinculada con su segundo informe de gobierno. La autoridad electoral también ordenó retirar en un plazo de 24 horas la publicidad localizada durante una revisión preliminar, en la que detectó elementos que podrían configurar promoción personalizada.
La indagatoria surge a partir de una denuncia presentada por la diputada local del PAN, Liz Salgado, y respaldada después por su partido, además de observaciones de SOMOS. Los señalamientos giran en torno al despliegue de anuncios en distintas vialidades, incluido Periférico, así como al posible uso de recursos públicos para colocar lonas y otros materiales publicitarios.
Qué revisa la autoridad electoral
De acuerdo con la información disponible, la Comisión Permanente de Quejas del IECM abrió el expediente IECM-QNA/215/2026 para revisar posibles conductas de promoción personalizada, vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, y eventuales violaciones a las reglas sobre difusión de informes de labores.
Durante la inspección inicial, la Oficialía Electoral encontró propaganda en 17 de las 30 ubicaciones denunciadas. Además, se ubicó material en una estación del Metro de la alcaldía Miguel Hidalgo, es decir, fuera del territorio gobernado por López Casarín.
Uno de los puntos que llamó la atención de la autoridad fue el diseño de los anuncios: en ellos destacaban de forma visible la fotografía del alcalde, su apellido, su cargo y el número “27”. El IECM consideró de manera preliminar que esa composición podría favorecer un posicionamiento personal indebido y eventualmente contravenir el artículo 134 constitucional.
Medidas cautelares y plazo de retiro
Como medida cautelar y de tutela preventiva, la Comisión ordenó retirar de inmediato la propaganda localizada y cualquier otra pieza con características similares. La notificación fija un plazo de 24 horas para cumplir con la instrucción. El instituto subrayó que esta decisión no implica una sanción definitiva, sino una medida para evitar que continúe la conducta denunciada mientras se desahoga el procedimiento.
La investigación también busca esclarecer si hubo uso de personal, vehículos o materiales oficiales en la colocación de la publicidad. El PAN CDMX afirmó contar con imágenes y evidencias que apuntarían al uso de camionetas, camiones de basura y grúas de la alcaldía para instalar lonas y otros elementos. Según la denuncia, todavía falta identificar quién ordenó esas tareas, qué trabajadores participaron y con qué recursos se financió la operación.
El costo y el origen de los recursos, bajo revisión
Otro de los aspectos por aclarar es cuánto costó la campaña de difusión. La legisladora Liz Salgado pidió revisar contratos, facturas, proveedores y la partida presupuestal de la que salieron los recursos. Por ahora, la Comisión de Quejas reservó su pronunciamiento sobre un eventual uso indebido de recursos públicos, debido a que todavía espera información de las autoridades competentes.
SOMOS, por su parte, cuestionó que la publicidad apareciera en vialidades de alta circulación y sostuvo que podía tratarse de actos anticipados de campaña. La coincidencia de ambos partidos colocó bajo revisión no solo el contenido de los anuncios, sino también su alcance territorial y la posible utilización de la estructura gubernamental para proyectar la imagen del alcalde.
El caso se desarrolla en paralelo al balance que López Casarín difundió en su segundo informe, donde presentó resultados en materia de seguridad. Sin embargo, la atención ahora se centra en si la estrategia de comunicación respetó los límites legales para servidores públicos. El expediente seguirá su curso en el IECM y, más adelante, corresponderá a la autoridad jurisdiccional resolver el fondo del asunto.
