El diagnóstico técnico del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la elección judicial de 2027 coincide con varias de las advertencias que legisladores de oposición plantearon durante la discusión de la reforma judicial y sus leyes secundarias en 2024, principalmente en materia de costos, complejidad operativa, exceso de boletas y riesgo de confusión para la ciudadanía.
El pasado miércoles, al entregar a la Cámara de Diputados el documento para sustentar el aplazamiento de la elección de personas juzgadoras a 2028, el INE advirtió que empatar los comicios ordinarios de 2027 con la renovación del Poder Judicial generaría un escenario “prácticamente inmanejable”, debido a que coincidirían la elección federal, 17 gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos y cargos judiciales federales y estatales.
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El instituto estimó que esa concurrencia obligaría a instalar alrededor de 354 mil casillas, capacitar a 3 millones de funcionarios, imprimir 985 millones de boletas, fiscalizar 55 mil candidaturas y contratar a cerca de 100 mil supervisores y capacitadores asistentes electorales.
Además, alertó que se trataría de dos elecciones “completamente incompatibles”, en las que “todo se duplica”, desde la capacitación y los sistemas informáticos hasta los mecanismos de recolección, cómputos y operación logística.
Ese diagnóstico retoma, ahora desde una perspectiva técnica, señalamientos de la oposición durante el debate constitucional de septiembre de 2024 sobre la reforma judicial.
En esa discusión, el diputado priista Yerico Abramo Masso sostuvo que la elección de jueces y magistrados tenía un “impacto presupuestal no medible”, al cuestionar que no se hubiera explicado cuánto costaría al país el nuevo modelo electoral judicial.
En la misma sesión, el diputado César Alejandro Domínguez, también del PRI, alertó sobre el diseño de las boletas y afirmó que éstas “generan confusión, son arcaicas, disfuncionales”.
Además de advertir que podían desmotivar la participación ciudadana y propiciar errores en el llenado; ese punto coincide con el diagnóstico actual del INE, que señala que la boleta judicial sería compleja, incrementaría el tiempo de votación y dificultaría que la ciudadanía conociera a las candidaturas del Poder Judicial.
Las críticas también se repitieron durante la aprobación de las leyes secundarias, en octubre de 2024; el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, reprochó que no existiera claridad sobre el volumen de documentación electoral y dijo: “No sabemos siquiera cuántas boletas van”, al señalar que no se había realizado un testeo o simulacro del modelo.
Casi dos años después de esa discusión, un diagnóstico del INE señala que, respecto a lo utilizado en 2024, se triplicaría la cantidad de materiales electorales requeridos para que los comicios judiciales y ordinarios concurran el próximo año.
El PRI también había señalado desde 2024 que empalmar las elecciones ordinarias con la elección de personas juzgadoras generaría saturación para los electores.
El documento del INE coincide con la postura del partido tricolor al señalar que el empalme de las elecciones podría detonar en una saturación de sistemas críticos, como el de fiscalización y de monitoreo en tiempo real de las elecciones.
Al respecto, Gustavo López Montiel, politólogo del Tec de Monterrey, indicó que la reforma judicial se realizó sin un diagnóstico de las implicaciones, mientras que la primera elección de jueces y magistrados sirvió para identificar las dificultades técnicas.
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En entrevista con 24 HORAS, el académico aseveró que de cara a los comicios de 2027 se involucra igual un tema político, porque para Morena, sus aliados y la oposición es más relevante la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y alcaldías que la de jueces y magistrados.
El análisis del experto es que la elección judicial fue “una ocurrencia del expresidente López Obrador y mucha gente dentro de Morena tampoco le veía utilidad”.
