Una compradora que afirma no haber recibido dos departamentos adquiridos en desarrollos de la empresa Menesse, en Tulum y Playa del Carmen, lanzó una convocatoria pública para localizar a más personas que enfrenten una situación similar. Su objetivo es reunir documentos y testimonios que permitan evaluar una posible acción legal colectiva.
El caso fue dado a conocer por Heidi Rojas Luna, quien aseguró que en junio de 2023 compró dos unidades: una en Menesse Cobá, en Tulum, y otra en Menesse Coco Beach 3, en Playa del Carmen. De acuerdo con su dicho, los pagos ya fueron cubiertos, pero hasta ahora no ha recibido ninguno de los inmuebles.
La búsqueda de otros afectados
Rojas Luna señaló que su intención es contactar a otros compradores que hayan enfrentado retrasos en la entrega de propiedades o posibles incumplimientos en operaciones similares. Con esa información, dijo, podría valorar junto con los afectados una demanda colectiva ante las instancias correspondientes.
La convocatoria también busca dimensionar cuántas personas estarían en la misma situación. Según su planteamiento, reunir más casos ayudaría a construir una estrategia jurídica conjunta y a identificar si existen patrones en los retrasos o en las condiciones de entrega de los desarrollos involucrados.
Un antecedente que volvió a poner el tema bajo la lupa
El caso se suma al de Jorge Luis Ocaña Jiménez, quien también ha hecho públicos señalamientos contra un desarrollo vinculado con Menesse en Tulum. En su testimonio, afirmó haber pagado 97 mil dólares por un departamento que, según dijo, debía ser entregado alrededor de 2020.
Ocaña Jiménez sostuvo que posteriormente el plazo fue modificado y que surgieron diferencias por una compensación económica relacionada con el retraso. También indicó que llevó la controversia ante tribunales y que el asunto continúa en un proceso de amparo.
Además, afirmó que recibió cobros por servicios relacionados con el inmueble, aunque dijo que nunca ocupó el departamento. Esa situación, de acuerdo con su versión, lo llevó a cuestionar los cargos asociados a una propiedad que no recibió.
Lo que está en juego
Por ahora, los hechos expuestos corresponden a señalamientos públicos de particulares. Las autoridades, en su caso, deberán determinar si existieron o no incumplimientos contractuales. La empresa señalada conserva su derecho a presentar pruebas y fijar su postura ante las instancias competentes.
La aparición de más testimonios podría ser clave para establecer si se trata de casos aislados o de un problema más amplio en la entrega de desarrollos inmobiliarios en la región. Mientras tanto, la convocatoria de Rojas Luna busca reunir información que permita a los compradores afectados tomar decisiones informadas sobre los pasos legales a seguir.
Conclusión
La búsqueda de más afectados apunta a dar mayor sustento a una eventual acción legal colectiva, mientras cualquier responsabilidad deberá definirse ante las autoridades competentes.
