La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un revés significativo a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump al bloquear su intento de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago, una de las principales ciudades gobernadas por los demócratas.
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La administración argumentaba que la presencia militar era necesaria para proteger instalaciones federales y a los agentes de inmigración ante protestas cada vez más intensas, pero el máximo tribunal concluyó que la Casa Blanca no había demostrado bases legales suficientes para federalizar a las tropas.
En una orden no firmada, la Corte —dominada por una mayoría conservadora de 6 a 3— rechazó la solicitud de emergencia presentada por el procurador general, John Sauer, quien alegó que los agentes federales operaban “bajo amenaza constante” y que impedir el despliegue “ponía en riesgo al personal y a la propiedad federal”.
Los tres jueces que no aceptaron afirmaron que la situación justificaba el uso de la Guardia Nacional ante la supuesta incapacidad de las fuerzas civiles para mantener el orden.
La decisión preliminar refuerza los límites al poder presidencial para recurrir a la Guardia Nacional bajo la ley federal que regula estas activaciones, la cual solo permite intervenir cuando las fuerzas militares regulares no pueden ejecutar las leyes. Para la mayoría del
tribunal, la administración no acreditó ese criterio.
Disputa con la Corte Suprema
El fallo supone un golpe inusual para Trump, quien ha logrado victorias constantes en el tribunal desde su regreso a la Casa Blanca. También frena su estrategia de proyectar control federal sobre ciudades demócratas, después de intentos similares en Los Ángeles, Washington y Memphis.
En el caso de Chicago, los tribunales inferiores ya habían rechazado el despliegue y la jueza federal April Perry incluso señaló que no existían pruebas creíbles que justificaran una intervención militar.
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El gobernador de Illinois, JB Pritzker, calificó la resolución como un freno necesario a lo que consideró “abuso de poder”, mientras que la alcaldía de Chicago reiteró que la presencia militar no resolvería tensiones derivadas de las políticas migratorias. La Casa Blanca defendió que Trump “sigue comprometido con proteger al público”, aunque unos 300 efectivos en Illinois permanecen sin autorización para operar.
