Un juez estadounidense prohibió en 2017 deportar a Zena Gebrgzabher a Eritrea, después de determinar que podía ser torturado allí.
La orden nunca fue revocada. Desde finales de julio, Gebrgzabher vive en la República Centroafricana, adonde lo envió el gobierno de Donald Trump.
La decisión le dio protección bajo la Convención contra la Tortura, que impide enviarlo al país donde corre ese riesgo, pero no le concede residencia en Estados Unidos.
La ley estadounidense tampoco permite que las autoridades lo manden libremente a cualquier otro país.
Antes de recurrir a un tercer país, deben seguir una lista de destinos establecidos por la ley.
Si ese procedimiento se respetó en este caso es parte de la disputa que ahora revisan los tribunales.
EL PROCEDIMIENTO
Un tribunal federal de Massachusetts anuló en febrero la política de enviar personas a terceros países sin avisarles ni permitirles alegar temor de tortura o persecución.
Una corte de apelaciones suspendió el fallo en marzo, mientras resuelve el recurso del gobierno, y los traslados continuaron. Gebrgzabher dijo a CBS News, por videollamada desde Bangui, la capital centroafricana, que nunca recibió ese aviso.
Conducía tráileres en Maryland cuando agentes migratorios lo detuvieron en una cita rutinaria.
Nunca obtuvo asilo, la protección que sí permite permanecer legalmente en Estados Unidos, porque a los 18 años fue reclutado por la fuerza como guardia de un retén eritreo.
Los jueces concluyeron que ese puesto impedía la huida de presos políticos, aunque no le atribuyeron agresiones.
En el mismo grupo viajó Yasmany Moreno de Armas, cubano de 31 años.
Llegó por mar a Florida en 2016 con un permiso temporal de estancia y pidió la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano, que ciertos cubanos pueden solicitar tras un año en el país.
Se la negaron porque tramitó cuando el permiso ya había vencido.
La cadena estadounidense revisó ambos expedientes y solo halló faltas de tránsito e infracciones migratorias.
Los dos permanecen en un edificio de Bangui junto con expulsados de Ecuador, Honduras, Serbia, Rusia y Vietnam.
UN PAÍS EN CRISIS
2.3 millones de personas requieren asistencia humanitaria en ese país de unos 5.5 millones de habitantes, tras más de una década de conflicto.
El presidente Faustin-Archange Touadéra asumió en marzo un tercer mandato, luego de comicios resguardados por mercenarios rusos, posteriormente reagrupados en el Africa Corps, el contingente que sustituyó a Wagner bajo el mando del Ministerio de Defensa ruso. Washington negoció 27 acuerdos bilaterales de este tipo entre enero de 2025 y marzo pasado, según Human Rights Watch.
Algunos se conocen: Estados Unidos pagó 5.1 millones de dólares a Esuatini por admitir hasta 160 personas.
Los términos del acuerdo con República Centroafricana no se han divulgado. 12,977 extranjeros de otras nacionalidades llegaron a México en ese lapso, siete de cada diez del total y más que a cualquier otro destino.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que el país no aceptó ser un tercer país y que recibe a esas personas por razones humanitarias.
Escritos del Departamento de Justicia estadounidense mencionaron en marzo un acuerdo vigente no escrito con México.
