La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez dictó presión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, y otras seis personas por su probable participación en la más grande red de huachicol fiscal del país.
Luego de más de un día de audiencia, obtuvo de un juez, prisión preventiva en contra de Ernesto “N”, Ricardo “N”, José María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
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Durante la audiencia inicial, se expusieron casi una centena de datos de prueba y el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación por los ilícitos referidos.
Tras diversos recesos durante la audiencia, el MPF logró obtener, para los imputados Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberán cumplir en el CEFERESO 1 “Altiplano”, en el Estado de México.
En el caso de José María “N” y Guillermo “N”, permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N”, quedará interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.
La FGR informó que luego del debate entre las partes, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
Los detenidos
Los detuvieron en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron.
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Por contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas.
Es decir, que reportaron menos de lo que realmente se transportaron como si fueran otros productos para evadir impuestos.
“Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales“, indicó.
