El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, dejó de estar bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP) de Estados Unidos desde el pasado 11 de agosto, después de permanecer alrededor de tres meses recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, lo que para expertos implicaría que ya alcanzó un acuerdo con autoridades de ese país.
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Su caso se suma al de otros procesados de alto perfil relacionados con el Cártel de Sinaloa que han dejado prisiones federales durante procesos de negociación o colaboración con autoridades estadounidenses, como Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López.
Además, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa e imputado en el mismo expediente que Mérida Sánchez, se encuentra en Estados Unidos sin haber sido ingresado a una prisión federal, tras ponerse a disposición de las autoridades de ese país.
De acuerdo con el registro del BOP, Mérida Sánchez, identificado con el número 62685-512, ya no se encuentra bajo custodia de ese organismo.
El cambio de estatus ocurrió después de que el militar en retiro se entregó a las autoridades estadounidenses el 11 de mayo pasado en Arizona y fue trasladado posteriormente a Nueva York.
La justicia estadounidense acusa al exfuncionario de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y de recibir pagos mensuales de más de 100 mil dólares por parte de la facción de Los Chapitos a cambio de brindar protección e impunidad en la entidad.
La imputación contra Mérida Sánchez forma parte de un expediente más amplio anunciado a finales de abril.
En el que autoridades estadounidenses acusaron a 10 funcionarios y políticos mexicanos de conspiración para el narcotráfico.
Entre los señalados se encuentran el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador morenista Enrique Inzunza.
Además de otros funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales.
La modificación de su situación penitenciaria ocurrió de manera paralela a la postergación indefinida de una audiencia de seguimiento ante la jueza Katherine Polk Failla.
Mientras que versiones sobre su caso han apuntado hacia una posible negociación con autoridades estadounidenses.
Exsecretario de Rocha Moya
David Saucedo, especialista en materia de seguridad, aseguró en entrevista con 24 HORAS que Mérida Sánchez ya había acordado con las autoridades de Estados Unidos adherirse al programa de testigos colaboradores de ese país.
“Por supuesto que esto estaba en función de los datos de prueba, los elementos, la información que él proporcionara acerca de las actividades criminales de su jefe, del gobernador Rubén Rocha Moya”, indicó.
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El especialista puntualizó que el exsecretario de Seguridad estableció previamente contacto con autoridades estadounidenses y posteriormente decidió entregarse.
Saucedo explicó que entre los beneficios que puede obtener una persona que colabora con el Gobierno estadounidense se encuentran una reducción de sentencia, condiciones diferentes de reclusión y la posible reubicación de sus familiares para evitar que corran riesgos en México.
“Será una sentencia condenatoria, pero con pena reducida. Va a tener una instancia carcelaria, va a continuar con el encierro, pero de momento le están dejando en libertad”, indicó David Saucedo.
