La difusión de fotografías de un viaje vacacional volvió a poner bajo la lupa al gobierno municipal de Corregidora, Querétaro, por la relación entre funcionarios del ayuntamiento y un representante de una empresa que ha recibido contratos públicos. Aunque las imágenes no prueban por sí mismas un acto indebido, sí abren nuevas preguntas sobre posibles conflictos de interés y sobre la forma en que se han asignado recursos municipales.
De acuerdo con la información disponible, en las imágenes aparecen el jefe de Gabinete municipal, Carlos Antonio Contreras López; el titular del DIF de Corregidora, Francisco Castro Alegría; y el regidor panista Ricardo Domínguez Moreno, junto con Arturo Rodríguez Rivera, vinculado con la empresa Gabinete 369. Esa compañía habría obtenido contratos por al menos 8.5 millones de pesos del Ayuntamiento.
Reservas sobre contratos y servicios
Uno de los principales señalamientos se centra en la falta de acceso a documentos que permitan conocer con precisión qué servicios prestó la firma y bajo qué condiciones. La administración municipal mantiene reservados contratos, comprobantes de pago y otra documentación relacionada, con el argumento de que su difusión podría afectar una investigación en curso.
Entre los pagos que han generado dudas se encuentra uno por un millón de pesos por cinco estudios de análisis de riesgo e inteligencia en comunicación pública. La información conocida indica que esos trabajos habrían sido realizados en un lapso de siete días, lo que hace relevante aclarar cuáles fueron los entregables, el alcance de los estudios y los criterios que justificaron su costo.
El pasado de Contreras López también vuelve al debate
La controversia no se limita al presente del gobierno municipal. Carlos Antonio Contreras López, antes de incorporarse a la administración encabezada por Josué David Guerrero Trápala, conocido como Chepe, estuvo al frente de la Universidad Politécnica de Querétaro.
Durante su gestión en esa institución, una auditoría de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado reportó inconsistencias por 28 millones 281 mil 204 pesos. Entre los señalamientos hubo registros financieros irregulares, gastos sin suficiencia presupuestal y desequilibrios en las cuentas universitarias. Además, docentes de la universidad denunciaron en ese periodo un déficit cercano a los 29 millones de pesos y mencionaron afectaciones laborales asociadas a la situación económica.
No obstante, la Contraloría estatal informó en diciembre de 2024 que no existía una denuncia ni una investigación formal contra el exrector por esos hechos. La dependencia precisó entonces que seguía pendiente el procedimiento de revisión de las observaciones hechas por la instancia fiscalizadora.
Transparencia y rendición de cuentas
El caso ha colocado al Ayuntamiento de Corregidora en una posición incómoda, no solo por la coincidencia de funcionarios con un proveedor, sino también por la reserva de información sobre el uso de recursos públicos. En este contexto, la publicación de los expedientes y una explicación detallada sobre los contratos ayudarían a despejar dudas y a revisar si hubo o no irregularidades.
Por ahora, lo que existe es una serie de cuestionamientos que apuntan a la necesidad de mayor transparencia. Las fotografías, por sí solas, no acreditan conductas indebidas, pero sí refuerzan la exigencia de que las adjudicaciones y los vínculos entre funcionarios y contratistas sean completamente claros para la ciudadanía.
