
MÉRIDA, Yucatán.— El Gobierno del Estado de Yucatán fijó una postura firme frente a las acciones emprendidas por integrantes del ejido Dzununcán, al rechazar el bloqueo a los accesos del recinto ferial de Xmatkuil. Las autoridades señalaron que, si bien se respeta la libertad de manifestación, no se permitirá la afectación al libre tránsito ni la seguridad de las familias visitantes.
A través de una postura oficial, la administración estatal subrayó que el conflicto sobre las tierras data de hace 22 años y actualmente se dirime por la vía legal en el Tribunal Unitario Agrario, bajo el juicio agrario 34-1254/2023 promovido por el propio comisariado ejidal.
Yucatán no tiene sustento legal para liberar recursos para el ejido Dzununcán
El Ejecutivo precisó que no cederá ante presiones para realizar desembolsos económicos fuera del marco normativo. Explicó que sobre una porción del área en disputa existe un certificado parcelario emitido por el Registro Agrario Nacional a nombre de un particular. En tanto los tribunales no emitan una sentencia que determine la titularidad legítima, liberar recursos públicos carecería de sustento jurídico y vulneraría derechos de propiedad.

Asimismo, se detalló que el proceso expropiatorio original se consumó formalmente en 2004:
- Superficie: 79 hectáreas expropiadas por causa de utilidad pública el 22 de enero de 2004 para la ampliación del recinto ferial.
- Validez jurídica: Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2004 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad.
- Indemnización: Monto liquidado de 3 millones 399 mil 134.45 pesos, acreditado con los comprobantes emitidos a favor del comisariado ejidal en funciones durante esa fecha.
Diálogo abierto por la vía institucional
Las autoridades informaron que durante los últimos dos años se han llevado a cabo más de una decena de mesas de trabajo con representantes del ejido, con la participación de la Secretaría General de Gobierno, la Consejería Jurídica, el Instituto de Vivienda y la administración de la Feria, registrándose la sesión más reciente el pasado 12 de octubre.
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El Gobierno del Estado reiteró que acatará estrictamente la sentencia definitiva del Tribunal Agrario y mantendrá abiertos los canales de diálogo institucionales, recalcando que ningún grupo puede condicionar el acceso de la ciudadanía a un evento de carácter público y familiar.


