La transformación política de Hungría bajo Péter Magyar se aceleró esta semana: Bruselas desbloqueó 16 mil 400 millones de euros en fondos congelados mientras Budapest se prepara para un choque constitucional con un jefe de Estado desafiante.
La Comisión Europea confirmó el 29 de mayo que 10 mil millones de euros del fondo de recuperación post-COVID y otros 6 mil 400 millones vinculados a reformas pendientes y diversas disposiciones —dinero retenido durante años por corrupción y deterioro democrático bajo Viktor Orbán— llegarían a Budapest.
Ursula von der Leyen, junto a Magyar en Bruselas, dijo sentir ya “un fuerte viento de cambio en toda Hungría” y elogió al nuevo gobierno por reconstruir la confianza con el bloque en tiempo récord. Los fondos equivalen al 13% del presupuesto nacional, una cifra nada despreciable para una economía estancada tres años consecutivos y con un déficit proyectado en 6.2% del PIB.
El acuerdo exigió compromisos. Hungría aceptó incorporarse a la Fiscalía Europea, reformar la contratación pública y desmantelar los fideicomisos de control político que Orbán instaló en universidades y hospitales. Los estudiantes húngaros también regresarán al programa de intercambios educativos europeo, Erasmus, el próximo curso, revirtiendo la suspensión de 2022.
La inesperada bonanza europea coincidió con una confrontación doméstica sin precedentes. Magyar había fijado el 31 de mayo como límite para que el presidente Tamás Sulyok —colocado en 2024 por un parlamento orbanista— renunciara, junto a otros altos cargos acusados de servir al partido de Orbán, Fidesz, antes que a la república. Sulyok se negó, advirtiendo que su destitución forzada “profundizaría la división social y dañaría la reputación democrática de Hungría.”
Magyar respondió el lunes 31 anunciando enmiendas constitucionales para expulsar a Sulyok y a los “títeres” que, según él, participaron en el “desmantelamiento del Estado de derecho.”
Aunque el cargo es en gran medida ceremonial, el presidente húngaro puede remitir leyes a revisión del Tribunal Constitucional, un mecanismo que los aliados de Magyar temen que podría usarse para obstaculizar sus reformas.
El exjuez, ascendido al cargo tras la dimisión de su predecesora por un escándalo de indultos en casos de abuso infantil, recurrió a la Comisión de Venecia —órgano consultivo del Consejo de Europa integrado por expertos independientes en derecho constitucional— en busca de respaldo jurídico. El partido de Magyar, Tisza, con mayoría de dos tercios en el parlamento, tiene los votos para actuar de todas formas.
