La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el traslado del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, del penal federal del Altiplano a su domicilio en Ensenada no modifica el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles.
Te puede interesar: Ernesto Ruffo sale de El Altiplano escoltado por la Guardia Nacional
El exmandatario panista abandonó el Centro Federal de Readaptación Social número 1 la tarde del sábado y fue trasladado bajo custodia de la Guardia Nacional, luego de que un juez autorizó que la prisión preventiva que le fue impuesta se ejecute en su vivienda por su edad y condiciones de salud.
La Fiscalía precisó este domingo que la resolución judicial únicamente cambió el lugar en el que Ruffo deberá permanecer privado de la libertad, por lo que la causa penal y las investigaciones en su contra continúan sin modificaciones.
El exgobernador, de 74 años, permanece bajo vigilancia permanente de la Guardia Nacional, tiene prohibido salir del país y debió entregar su pasaporte y visa. Tampoco podrá mantener contacto con testigos ni con otras personas relacionadas con la investigación.
Ruffo fue detenido el pasado 16 de julio en Baja California y posteriormente vinculado a proceso por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.
La FGR sostiene que esas conductas obligan constitucionalmente a la imposición de prisión preventiva oficiosa, aunque un juzgador puede determinar, como ocurrió en este caso, que la medida se cumpla fuera de un centro penitenciario.
Ernesto Ruffo
La investigación está relacionada con una presunta estructura dedicada a introducir combustible al país mediante ferrotanques y operaciones de importación irregulares.
El expediente comenzó a integrarse tras el hallazgo, en julio de 2025, de 33 unidades ferroviarias abandonadas en Ramos Arizpe, Coahuila.
A partir de ese aseguramiento, la Fiscalía rastreó la cadena logística y financiera de las operaciones y ubicó a Ingemar, empresa vinculada con servicios portuarios, ferroviarios y posteriormente con actividades relacionadas con hidrocarburos.
Ruffo se incorporó al capital de la compañía en 2018 y para 2021 figuraba como accionista y secretario de su Consejo de Administración, de acuerdo con la investigación ministerial.
La FGR informó en julio que había reunido al menos 96 datos de prueba, incluidos peritajes químicos, de ingeniería, criminalística y documentación financiera y aduanera.
La institución estima que las operaciones investigadas podrían haber causado un daño al erario superior a cuatro mil millones de pesos, cifra que todavía debe ser acreditada dentro del proceso penal.
Te puede interesar: Alertan que Huracán ‘Polo’ impactará Baja California Sur el lunes
La defensa de Ruffo ha rechazado que el exgobernador tuviera responsabilidad en las operaciones ilícitas atribuidas a la empresa y mantiene recursos legales contra su vinculación a proceso.
La modificación concedida esta semana se limita a las condiciones en las que permanecerá bajo prisión preventiva mientras continúa el procedimiento.
