El Órgano de Administración Judicial (OAJ) tuvo que pagar alrededor de 13 millones de pesos a un magistrado que logró su reinstalación, y que era director del Instituto de la Judicatura Federal (IJF) en 2018, cuando se filtraron y vendieron las preguntas de un concurso para designar jueces.
Lo anterior, luego de que la Suprema Corte de Justicia, en su anterior integración, resolvió que fue ilegal la mayor parte de la investigación contra el magistrado Salvador Mondragón Reyes. El pasado 18 de noviembre, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), al ejecutar el fallo de la Corte, resolvió que solo había elementos para sancionar a Mondragón con amonestación y suspensión de 30 días, por haberse reunido fuera de las oficinas del IJF con una participante en el concurso.
