El caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, es usado por la 4T para amortiguar el impacto de lo que significa el avance de la investigación en contra de Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza y otros funcionarios de Sinaloa, consideran expertos.
Gustavo López Montiel, académico de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, dijo que sí existe un manejo político de los casos Sinaloa y Chihuahua.
En uno, el gobernador con licencia, Rubén Rocha, se le acusa de pactar con Los Chapitos.
Mientras que a la gobernadora Campos se le busca acusar de permitir a la CIA operar contra el narco en su estado.
En específico, sobre los citatorios se giraron el fin de semana.
El politólogo señaló que le entregaron a la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, fue para disminuir el impacto de los citatorios contra el senador y el gobernador con licencia, pues la conversación se desvía a un tema de oposición contra la 4T.
“Hay un manejo político del caso, uno de los temas es que se emitieron los citatorios el mismo día, un poco para amortiguar el impacto de los citatorios para los funcionarios de Sinaloa, incluyendo al gobernador, por eso buscaron contraponer la noticia con el citatorio a la gobernadora de Chihuahua”, aseveró en entrevista con 24 HORAS.
Citatorio
Indicó que Maru Campos “salió a recibir el citatorio y planteó un posicionamiento político de que la están citando por luchar contra el narcotráfico y no porque sea delincuente”.
En contraste, “los otros citatorios fueron para quienes están en la lista de Estados Unidos y han planteado una posición de que están tranquilos, pero están tratando de administrar su caso; los citatorios marcan un momento de avance y el Gobierno federal está planteando una estrategia de administración del caso por si eventualmente tiene que enviarlos a Estados Unidos”.
De acuerdo con Gustavo López, la perspectiva es que “la gobernadora va a aguantar, es poco probable que la desaforen, es posible que sea imputada cuando deje el cargo, pero podría ser arropada por el PAN haciéndola legisladora“.
Para el caso Sinaloa, dijo, el panorama es complicado, pues “es posible que extraditen a algunos, pero es complicado que lo hagan con Rocha Moya e Inzunza por el fuero y lo que representan”.
Destacó que en el caso de Sinaloa hay indicios de una protección institucional hacia funcionarios de alto perfil a quienes se les solicita en extradición por Estados Unidos.
Ven fallas en notificación a Campos
Especialistas advirtieron inconsistencias en el citatorio entregado por la Fiscalía General de la República (FGR) a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para declarar por el caso de los agentes de la CIA que operaron en el estado.
Pues aunque el documento señala que debe comparecer en calidad de testigo, omite advertirle expresamente su derecho a no declarar sobre hechos que pudieran generarle responsabilidad penal.
José Mario de la Garza, experto constitucionalista, señaló que “la calidad de testigo no resuelve todo: si la FGR pretende preguntarle sobre decisiones de gobierno, autorizaciones, cadena de mando, coordinación institucional o conocimiento previo de participación extranjera, la entrevista puede tocar hechos propios y activar el derecho a no autoincriminarse”, indicó en su cuenta de X.
Además, advirtió que el documento no precisa ese derecho, pese a que la diligencia podría derivar en preguntas relacionadas con actos propios de gobierno.
Por separado, el jurista Rafael Escobar señaló que el citatorio de la FGR contiene errores de fundamentación.
Pues señaló que invoca artículos constitucionales aplicables a personas en calidad de imputadas o sujetas a un procedimiento especial.
Pese a que Campos la llamaron formalmente a comparecer como testigo.
