El Instituto Nacional Electoral (INE) podría recibir solicitudes para revisar un universo potencial superior a 20 mil aspirantes a candidaturas federales y locales, si se aprueba la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.
Sin embargo, especialistas advierten que el mecanismo podría derivar en señalamientos contra el organismo si pese a ello llegan a cargos públicos perfiles ligados al crimen organizado.
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La propuesta fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum como un mecanismo para evitar que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada sean postuladas a cargos de elección popular.
Esto mediante una revisión previa de perfiles enviados por los partidos políticos y candidaturas independientes.
En entrevista con 24 HORAS, el exconsejero del INE, Marco Antonio Baños, advirtió que la autoridad electoral no realizaría por sí misma las investigaciones de fondo.
Sino que tendría un papel de recepción y canalización de solicitudes.
Por lo que las valoraciones dependerían de autoridades federales de seguridad y procuración de justicia.
“La revisión está a cargo de otros órganos; me parecería verdaderamente descabellado que quieran culpar a la autoridad electoral si después encontramos un Rocha Moya en el ejercicio de los cargos”, sentenció.
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Rubén Rocha Moya
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es requerido para su extradición por Estados Unidos, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Baños consideró que el diseño planteado no resuelve el problema de fondo, pues se limitaría a generar advertencias sin obligar a los partidos a cancelar registros.
Aunque el INE no registra candidaturas locales, la iniciativa le permitiría recibir y canalizar solicitudes de revisión sobre perfiles que busquen:
- Gubernaturas
- Diputaciones locales
- Alcaldías
- Sindicaturas
- Regidurías
La estimación parte de las estadísticas de 2024 para esos cargos.
Con una cifra superior a 20 mil aspirantes, de los cuales más de 17 mil corresponderían a procesos locales.
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De acuerdo con la iniciativa, una comisión de consejeros del INE recibiría las solicitudes y las canalizaría a autoridades como:
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Así como a instancias de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
El nuevo mecanismo implicaría una carga adicional para el árbitro electoral rumbo a 2027.
Proceso que hasta ahora se perfila concurrente con elecciones federales, locales y judiciales, además de que el instituto ha enfrentado presión presupuestal.
Tan solo en 2025, el presupuesto aprobado por el Congreso reflejó un recorte de 13 mil 476 millones de pesos respecto de lo solicitado por el instituto.
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El INE también cuenta con antecedentes de revisiones limitadas por capacidad operativa; en 2021, durante la aplicación del mecanismo 3 de 3 contra la violencia, el instituto no revisó la totalidad de las candidaturas a diputaciones federales, sino una muestra de mil 177 personas, de un universo de 6 mil 962 registros.
En julio de 2024, durante una sesión del Consejo General, la consejera Carla Humphrey advirtió que el INE había enfrentado obstáculos para obtener información de la UIF sobre posibles operaciones financieras inusuales de personas candidatas.
De acuerdo con Humphrey, el instituto formuló 14 requerimientos a la UIF durante 2024; en 13 casos, la unidad solicitó mayor motivación y fundamentación.
