A 20 meses de que Ismael El Mayo Zambada señaló al gobernador Rubén Rocha Moya de conexiones con el Cártel de Sinaloa, el gobierno de Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición del mandatario estatal.
La acusación también incluye al senador morenista Enrique Inzunza; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y otros siete funcionarios y exfuncionarios estatales.
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La acusación, realizada por un Gran Jurado, fue anunciada por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance C. Cole.
Por presuntamente colaborar con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir narcóticos a territorio estadounidense, a cambio de apoyo político y sobornos.
La acusación señala que Rocha Moya, gobernador de Sinaloa después de que Los Chapitos presuntamente lo ayudaron a ganar mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos.
Tras conocerse la acusación, el gobernador Rocha, de extracción morenista, vinculó la acusación con un “ataque” a la Cuarta Transformación.
“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos”, publicó en sus redes sociales.
Por la tarde, entrevistado por medios en Culiacán, el mandatario indicó que ya habló con la presidenta Claudia Sheinbaum y, cuestionado sobre si cuenta con su apoyo, respondió: “sí, claro”.
En cuanto al senador morenista Enrique Inzunza, quien fue secretario de Gobierno de Rocha Moya, utilizó el mismo argumento que el gobernador: “este ataque tiene intenciones muy claras”.
Contra la 4T
“No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación”.
Desde la Presidencia de la República, al cierre de esta edición, no se había emitido un pronunciamiento; sin embargo, durante el día se vio llegar a Palacio Nacional a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encargada de la política interna del país.
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Mientras que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena señaló en un comunicado que es “preocupante que se solicite una extradición sin ningún elemento de prueba” y respaldó las “acciones institucionales” del Gobierno de México.
Pruebas insuficientes Sobre la solicitud de detención y extradición de los acusados, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señalaron que el gobierno de EU no ha presentado pruebas suficientes.
Además, el vocero de la FGR, Ulises Lara, reclamó que hicieran de dominio público la información sobre la solicitud de extradición, lo que “podría ser en detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en los Estados Unidos y contrario a las normas procesales que los gobiernan”.
En los mismos términos se expresó la SRE, que señaló que por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos.
Durante el mensaje de Lara también se informó que la FGR iniciará una investigación paralela a la de EU para establecer si existe “fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”.
Sin embargo, señaló que en el caso de gobernadores y senadores, como Rocha e Inzunza, se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal, es decir, el fuero.
