“Ya me cansé”. Esa fue la frase que hace 12 años dijo Jesús Murillo Karam, titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), luego de afirmar que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan.
Fue la primera ocasión en que narró los hechos que después serían conocidos como “la verdad histórica”. Esta investigación estuvo basada en las declaraciones de tres personas detenidas: Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Jonathan Osorio Gómez, “El Jona”; y Agustín García Reyes, “El Chereje”, todos ubicados como integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Habían pasado 33 días desde la desaparición masiva. Los padres de los estudiantes, junto con miles de ciudadanos, ya habían salido a las calles para exigir justicia en varias ocasiones. Así que la frase de Murillo Karam provocó indignación.
#YaMeCansé se volvió tendencia mundial en redes sociales y fue la principal consignada utilizada en la megamarcha del 8 de noviembre. Días después, el político priísta dijo que no se arrepentía y que lo volvería a mencionar.
Hoy, el exprocurador se encuentra en prisión domiciliaria y con brazalete electrónico, enfrentando dos causas penales por el Caso Ayotzinapa. La 307/2022 radicada en el Reclusorio Norte por manipular evidencias y desviar líneas de investigación como parte de la versión oficialista. También la 41/2023 en el Reclusorio Sur, por tortura en contra de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, supuesto miembro de Guerreros Unidos.
Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) pide 82 años de prisión, hasta el momento no existe una sentencia condenatoria en su contra.
La “verdad histórica”
De acuerdo con el relato oficial, policías municipales de Iguala entregaron a los estudiantes a Guerreros Unidos. Más de 40 fueron llevados al basurero de Cocula y algunos llegaron muertos por asfixia. Los demás fueron interrogados, asesinados e incinerados con gasolina, llantas y leña, mientras que sus restos fueron metidos en bolsas y aventados al río.
En la conferencia del 7 de noviembre, Murillo Karam presentó fotos, mapas, videos de las “confesiones” y fragmentos de huesos calcinados. Dijo que no podía confirmar que fueran de los normalistas y que los considerarían como desaparecidos hasta lograr identificarlos. Además, informó que se enviarían a la Universidad de Innsbruck en Austria para ser analizados.
Casi tres meses después, el 27 de enero, Murillo ofreció otra conferencia para presentar avances del caso junto a Tomás Zerón de Lucio, por entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Ahí fue que llamó a su versión “la verdad histórica” ante la prensa.
Aseguró que los 43 normalistas fueron asesinados y, para sustentar su relato, refirió que la Procuraduría había realizado 487 peritajes, 156 inspecciones ministeriales, levantado 386 declaraciones y escuchado 39 confesiones de personas involucradas.
Para el 27 de febrero de 2015, Murillo Karam dejó el cargo de procurador en medio de críticas generalizadas por la investigación que encabezó. Fue enviado por el presidente Enrique Peña Nieto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), mientras que Arely Gómez quedó en su lugar y siguió con las pesquisas.
El desmontaje
Los primeros cuestionamientos hacia la “verdad histórica” llegaron de parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 6 de septiembre del 2015, el perito José Torero concluyó que en el basurero de Cocula no se produjo el fuego necesario para quemar ni un solo cadáver.
En diciembre del mismo año, los expertos expusieron imágenes satelitales de la zona donde no se aprecia el fuego de la supuesta fogata. Aunado a que hubo registros de lluvia en esas fechas y para lograr incinerar los 43 cuerpos se habrían necesitado 60 horas de fuego.
En 2016, el GIEI hizo público su segundo informe y presentó un video del 28 de octubre del 2014 donde aparece Zerón junto a “El Chereje” en el río San Juan. La diligencia no fue incluida en el expediente armado por la procuraduría y al día siguiente apareció la bolsa con fragmentos del estudiante Alexander Mora.
Para marzo del 2018, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos inspeccionó los casos de 63 de las 129 personas procesadas. En 51 hallaron indicios de tortura, información que fue objetada por la administración de Peña Nieto.
Con la llegada de López Obrador a la presidencia, la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa fue puesta en duda y la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó una nueva investigación para revisarla.
La persona elegida como fiscal especial del caso fue Omar Gómez Trejo, quien entre 2020 y 2021 informó que los restos hallados en una barranca a 800 metros del basurero correspondían a los estudiantes Christian Alfonso Rodríguez y Jhosivani Guerrero de la Cruz. Con esto afirmó que la verdad histórica de Murillo Karam quedaba sepultada.
En tanto, para agosto del 2022, la Comisión de la Verdad encabezada por Alejandro Encinas, determinó que el Caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado y que la versión oficial fue concertada desde lo más alto del aparato gubernamental.
Así se fraguó la versión oficial
Una de las personas interrogadas para aclarar la versión oficial fue Bernardo Cano Muñozcano, otrora secretario particular de Zerón. Su testimonio indica que el 7 de octubre de 2014 en Iguala, Guerrero, ocurrió un cónclave donde estuvieron Murillo Karam, el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, Gualberto Ramírez de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y otros mandos federales. El objetivo del encuentro fue cimentar la versión oficial.
Como parte de la imputación contra Murillo, la FGR indicó que el 27 de octubre de 2014 el ex procurador realizó un recorrido en helicóptero sobre Cocula, acompañado por Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). En medio del vuelo, el ex procurador le confirmó que ya tenían cuatro personas que explicarían lo que supuestamente ocurrió en el basurero y el río.
Al día siguiente, Zerón llevó a “El Chereje” al río San Juan de manera ilegal. Al respecto, el integrante de Guerreros Unidos confesó que fue torturado para inculparse como el responsable de tirar las bolsas al agua.
La FGR también señaló que, previo a la conferencia del “ya me cansé”, Murillo solicitó a Doretti vincular el basurero con el río, situación que ella rechazó porque no le constaba.
Los hombres de Murillo Karam
El exprocurador no es la única persona relacionada con la investigación del caso que enfrenta la justicia.
Gualberto Ramírez, extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO, fue arrestado el 25 de junio de 2023 en Tecámac, Estado de México, acusado de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos. Permanece en el Reclusorio Sur con la medida cautelar de prisión preventiva justificada y su proceso no ha llegado a juicio.
El exmandatario guerrerense, Ángel Aguirre, fue detenido el 6 de agosto de 2026, acusado de ocultar videos del Palacio de Justicia de Iguala registrados la noche de los hechos. Una semana después fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada y actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social N°1 Altiplano, en el Edomex.
Por su parte, Tomás Zerón se mantiene como prófugo de la justicia. En 2019 salió de México con rumbo a Canadá y posteriormente se refugió en Israel, donde incluso se reunió con Alejandro Encinas para negociar su entrega, que finalmente no ocurrió.
El 30 de diciembre de 2021, el gobierno mexicano solicitó su extradición ante las autoridades israelíes, pero la falta de un tratado entre ambos países no ha permitido que el trámite avance. En abril de 2024, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calificó el retraso como un “amparo de facto” por parte de Israel.
